Declara Corte inconstitucional el resguardo domiciliario en Chihuahua

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la figura del resguardo domiciliario que cobró vigencia desde el 2014 en la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua.

Se termkinó que resguardo domiciliario,se traduce en una limitación a la libertad personal y de tránsito, al obligar a una persona a permanecer en un domicilio, bajo ciertas condiciones que fijará el juez, lo cual es totalmente contradictorio con los artículos 11, 14, 16, 18, 19 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se trata de  una medida excepcional, no prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la que se pretende que en cualquier etapa del procedimiento, el Juez autorice que una persona permanezca en un determinado lugar, lo que resulta ajeno a las hipótesis previstas por los artículos 16, 18, 19, 20 y 21 Constitucionales.

Al permitir la aplicación de una medida similar al arraigo, viola los artículos 7 y 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 3, 9 y 13, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tutelan los derechos a la libertad personal y a la audiencia previa; así como los principios pro persona, seguridad jurídica, legalidad, presunción de inocencia, prohibición de detenciones arbitrarias, y debido proceso, lo que lo torna inconstitucional e inconvencional.

"El artículo 35, de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, es inconstitucional e inconvencional al ser contrario a los artículos 1°, 11, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 7 y 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 3, 9, 11 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tutelan los derechos a la libertad personal, a la libertad de tránsito, a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la audiencia previa, así como los principios pro persona, presunción de inocencia y prohibición de detenciones arbitrarias".

Por: Antonio Hernández

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