Bazán propone aumentar a 10 años cárcel quien orille a menores al alcoholismo, drogadicción y delincuencia organizada

El diputado del PRI, Omar Bazán Flores,presentó reformas al Código Penal del Estado, así como de la Ley de Niñas, Niños y adolescentes, ante el incremento de la participación de menores de edad en la comisión de delitos graves, 

El legislador plantea aumentar de 5 a 10 años de prisión y multa de  trescientos a mil días a quienes induzcan a menores de edad al alcoholismo, drogadicción y delincuencia organizada.

Si el menos de edad se vuelva reincidente de la comisión de delitos formando parte de una asociación delictuosa o de la delincuencia organizada las penalidades podrán aumentarse hasta en un tanto más, aun y cuando el hecho delictuoso que determine su reincidencia se haya cometido por su cuenta y en forma aislada.

Asimismo solicitó que se impongan de  seis meses a cuatro años de prisión y de cien a mil días de multa, a quien, por medio del lucro, organice o realice eventos o reuniones en inmuebles propiedad de los particulares, en los cuales personas menores de dieciocho años o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, o personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, consuman estupefacientes o psicotrópicos sin que medie prescripción médica, o bebidas embriagantes.  

La misma pena se impondrá al dueño del inmueble, o a quien lo tenga bajo su cuidado o dominio bajo cualquier acto o contrato, cuando se demuestre que permitió su uso para el fin antes descrito, sin importar la modalidad.

El Ministerio Público o cualquier otra autoridad, que tenga conocimiento de la presunta comisión o participación de una niña, niño o adolescentes en un hecho que la ley señale como delito, de manera inmediata dará aviso a la Procuraduría de Protección.
 
Niñas o niños, en ningún caso podrán ser detenidos, retenidos o privados de su libertad por la supuesta comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.
 
Se solicitará a la autoridad competente de manera inmediata las medidas necesarias para la protección integral, de asistencia social y en su caso, restitución de sus derechos y garantizar que niñas y niños no sean objeto de discriminación y en su caso se les brinde la protección debida.
 
En el caso de que se sospeche o se tengan indicios de que fue obligado por un adulto el delito en perjuicio de una persona adolescente detenida ante autoridad administrativa o judicial, se solicitará de inmediato se brinde la protección debida a su integridad personal, debiendo la autoridad administrativa o la autoridad jurisdiccional que la tenga a su disposición responder por que el debido cumplimiento de esta norma.
 
Toda medida que se adopte será susceptible de revisión por órgano judicial competente en un proceso contradictorio en el que se garantice, por lo menos, el derecho a ser oído y la asistencia de un abogado especializado.
 
Las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán que en los procedimientos jurisdiccionales en que estén relacionadas niñas, niños o adolescentes como probables víctimas del delito o testigos, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, tengan al menos los siguientes derechos:
 

Iniciar una línea de investigación en el caso de que se sospeche o se tengan indicios de que se ha cometido por un adulto el delito  en perjuicio de una persona adolescente que está vinculada a proceso judicial por la comisión de algún delito, a fin de que en un plazo que no exceda de dos meses el Ministerio público se pronuncie o no sobre el ejercicio de la acción penal. Las resoluciones de no ejercicio de la acción penal que se dicten en estos casos, deberá ser revisadas de oficio por el juez de control que competa. El Ministerio Público deberá expedir el protocolo de actuación para hacer efectiva la investigación prevista en esta fracción.

Por: Antonio Hernández
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